Mediante el decreto se cambiaron también los requisitos de la solicitud de acceso a la información pública.

El presidente de Argentina, Javier Milei, restringió el acceso a la información pública de los actos de su gobierno, limitando de esa forma la libertad del pueblo para preguntar sobre cuestiones de interés público.

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Los cambios permiten que el gobierno “liberal”, como lo autodenomina el mandatario argentino, pueda perseguir a aquellas personas que hagan preguntas “incómodas”.

Mediante el Decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, Milei modificó algunos aspectos de la reglamentación de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública de Argentina.

«No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria».

Entre ese grupo se encuentran los funcionarios del gobierno, miembros del Parlamento, trabajadores del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, entre otros. Asimismo, el documento amplía de forma difusa y discrecional lo que puede ser considerado como secreto.

En ese sentido, establece que la información que no se dará a conocer será aquella que «sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta», pero no menciona los parámetros para considerar qué es o no razonable.

Varias personalidades y organizaciones políticas resaltaron que la información debe ser pública y el secreto la excepción.

El exministro de Cultura, Pablo Avelluto, escribió a través de la red social X: «El gobierno limita el acceso a la información pública. Pero no son fascistas, autoritarios ni de extrema derecha, dicen los amigos liberales más raros del planeta Tierra mientras acompañan el rumbo».

Asimismo, Sebastián Pilo, quien forma parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), expresó que el decreto de Milei «es inconstitucional».

Pilo afirmó “Ninguna información que hasta ayer se consideraba pública puede resultar hoy inaccesible por una decisión del presidente. Por ejemplo, la incorporación de una nueva excepción, de carácter abierto, respecto de información cuya divulgación pudiera causar daños y perjuicios».

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